México y Bolivia en el Perú

Los cancilleres de México y Bolivia han traído al Perú en estos días bastante más que sus respectivas agendas de trabajo.

Aunque en el caso mexicano, el interés específico de la visita radica en la negociación futura de un acuerdo de promoción y protección de inversiones (el stock de la inversión mexicana en el Perú se estima en US$ 2000 millones) y el perfeccionamiento del acuerdo de complementación económica existente, es evidente que el interés general se orienta a mejorar la relación de México con nuestra región y redefinir, a través de ella, patrones de identidad, inserción y de cierto balance de la predominante vinculación que mantiene ese país con los Estados Unidos.

En el caso boliviano, el interés concreto de la visita ministerial radica en avanzar el acuerdo de integración profunda que Perú y Bolivia esperan culminar en agosto próximo y en esclarecer las posibilidades de exportar el gas del oriente boliviano por el sur del Perú (tema estrechamente ligado al problema de la mediterraneidad). Pero quizás el canciller de Bolivia desee, además, asegurar el concurso de un interlocutor que contribuya a solucionar los serios problemas de cohesión interna que afligen a nuestro vecino.

Desde que la crisis de pagos mexicana desató la crisis de la deuda latinoamericana en 1982, la fortaleza del Estado corporativo que el PRI impuso a México durante 70 años perdió consistencia haciendo sitio a la reforma liberal de la época. Junto con ella, la relación económicamente cercana que México mantuvo con Estados Unidos se intensificó mientras que se acortó la distancia de la relación política. El punto culminante de ese proceso fue la suscripción del NAFTA en 1993. La aspiración mexicana de progreso basada en ese tratado se reflejó en su pomposa incorporación al gremio de los países desarrollados (la OCDE) sólo para ser contestada por el estallido de la rebelión de Chiapas.

Aunque el comercio exterior de México ya era fuertemente dependiente del mercado norteamericano, con el NAFTA el 85% de las exportaciones mexicanas encontró en Estados Unidos un gran mercado de escala que hoy traduce un superávit de más de US$ 40 mil millones. Y aunque la inversión extranjera se multiplicó diversificándose, el escaso saldo comercial requería de contrapesos relativos que encontró en un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea y una serie de acuerdos de complementación económica con otros países de la región. Para seguir atenuando el desequilibrio, México busca hoy una asociación institucional con la Comunidad Andina (a la que espera incorporarse como observador) y con el MERCOSUR (grupo comercial y financieramente más importante para México que la CAN).

Pero no es sólo el interés de balancear el peso norteamericano lo que motiva la visita del Canciller Derbez, sino el de promover una integración latinoamericana en el ámbito del ALCA que no esté marcada por la agenda de "un solo país". La expresión de ese interés parece dirigirse menos a Estados Unidos que a contrapesar también la prioridad brasileña de un espacio económico suramericano en el que México no tendría mayor participación. Con esta vocación hemisférica antes que regional México parece buscar una nueva inserción latinoamericana y recuperar una identidad que pueda traducirse en mayor influencia política, por ejemplo, en foros multilaterales como la OMC (el Grupo de los 20) o en la ONU.

Contrastando con la prioridad del interés externo, la visita del Canciller Siles de Bolivia trae consigo una complejísima prioridad interna: la necesidad de contar con el Perú para afirmar la cohesión nacional cuya crítica situación actual supera la prioridad externa de resolver el problema de la mediterraneidad. Desde que en octubre de 2003, los partidos políticos fueron rebasados por fuerzas emergentes (los movimientos cocalero e "indigenista") que provocaron la renuncia del presidente Sánchez de Lozada, las fuerzas de fragmentación interna parecen haber ganado terreno a los esfuerzos cohesivos centrados en una agresiva diplomacia de reivindicación marítima. Hoy el movimiento "aymara" se ha extendido sobre el altiplano boliviano desde las orillas del lago Titicaca, donde se emparenta con el caso Ilave, hasta el departamento de Oruro (Ayo Ayo) llevando consigo la anarquía (corte de carreteras internacionales, linchamiento de alcaldes, designación de "autoridades" que no reconocen la jurisdicción del gobierno legal). Ese movimiento racista ha estimulado el viejo conflicto con el oriente boliviano cuyos departamentos (donde se encuentra el gas) reclaman hoy autonomía. El encadenamiento de la protesta antiliberal, el reclamo "aymara" y la reivindicación oriental ha puesto en cuestión la unidad del Estado boliviano.

Si el Perú debe atender el nuevo interés de reinserción latinoamericana de México, ciertamente le es mucho más relevante evitar que Bolivia transite de una situación de inviabilidad a una de fragmentación. El esfuerzo de la Cancillería debe multiplicarse al respecto.

El Editor (ADC)