La confianza cuesta

Las medidas de fomento de confianza son instrumentos de seguridad orientados a generar condiciones básicas de certidumbre en el trato entre Estados de insuficiente o inadecuada interdependencia e historia contenciosa. Aunque, como factor de cohesión, la confianza es esencial en toda organización humana, quizás sea el ámbito de seguridad donde más explícitamente se ejerce a través de políticas específicas. Éste es el caso de la relación del Perú con Ecuador y Chile y de nuestra vinculación hemisférica.

Entre muchas otras medidas, el Perú ha promovido especialmente dos con estos vecinos: la estandarización de la metodología de medición del gasto militar y políticas de desminado. En el primer caso, la referencia ha sido el modelo argentino-chileno luego que ambos países resolvieran la totalidad de sus diferendos territoriales mientras que su ingeniería ha sido encargada a la CEPAL. En el segundo, Chile, Ecuador y el Perú han emprendido una campaña de desminado en sus fronteras quizás a la luz de la experiencia centroamericana y del tratado de Ottawa contra las minas antipersonales.

En la relación peruano-ecuatoriana, estas tareas han sido organizadas en el ámbito de la Comisión Binacional Peruano-Ecuatoriana sobre Medidas de Confianza Mutua y Seguridad creada a la luz del acuerdo global de paz bilateral de octubre de 1998. Aunque las tareas de desminado en nuestra frontera norte son extremadamente caras, muy peligrosas y realizables a plenitud sólo en el largo plazo, ya se han logrado avances importantes al margen de la discusión de las responsabilidades del caso. El más significativo de ellos es el de la inminente entrega a las poblaciones locales de zonas libres de minas antipersonales en el departamento de Tumbes y la provincia de El Oro (en Ecuador) precedida de un trabajo conjunto de desminado humanitario en las zonas de Los Limos y Pueblo Nuevo. Esa tarea conjunta proseguirá en la Cordillera del Cóndor.

En el ámbito hemisférico, el Perú ha deseado plantear, como medidas de confianza, políticas de limitación de gastos militares que ya ha amparado en proyectos de resoluciones de la OEA. En apariencia la Cancillería volverá sobre este tema en la reunión de la Asamblea General de ese organismo a realizarse en Ecuador en los próximos días. Si bien la intención es loable, la normativa que se promueva al respecto debe condicionar la limitación del gasto al logro de un equilibrio estratégico razonable entre los Estados que lo requieran. Ello no implica equivalencia o exacta paridad sino adecuada proporcionalidad lo que producirá confianza efectiva en la región como distinta de la meramente declarativa. Tal acción, debe ser precedida, a su vez, de la conclusión de los trabajos de la CEPAL sobre homologación de metodologías de medición que ya ha tenido suficiente tiempo de maduración.

Al respecto es necesario considerar además que, si bien en nuestro medio los conflictos convencionales han tendido hacia su solución y las perspectivas de que los remanentes se activen son escasas, su realidad como amenaza se mantiene. Por ejemplo, el diferendo boliviano-chileno ya está motivando algunas compras menores de material y el colombo-venezolano ha suscitado adquisiciones proporcionalmente mayores. En ambos casos los catalizadores son conflictos no convencionales suscitados por problemas internos envueltos en la dimensión global del narcotráfico y el terrorismo (el caso colombo-venezolano) o de ausencia de gobernabilidad traducida en protesta "cocalera", "étnica" o de aprovechamiento de recursos (el caso boliviano).

Aunque la amenaza no convencional sea la preocupación central en nuestro hemisferio, el equilibrio estratégico en la región sigue siendo un factor de disuasión en tanto contribuye a que la amenaza no convencional no escale la amenaza convencional (especialmente cuando esta última está signada por percepciones de predominio de algún Estado en una determinada área). En esa perspectiva, la búsqueda del equilibrio estratégico contribuye a la generación de confianza.

Como también contribuye a la cooperación, por ejemplo, en operaciones conjuntas de mantenimiento de la paz. La oportunidad para ello se presenta hoy en Haití donde una fuerza brasileña de 1,200 hombres comandará, por encargo de la ONU, las fuerzas de estabilización en ese país. El conjunto del Cono Sur está contribuyendo con tropas y Ecuador con helicópteros. Sin embargo el Perú, que ha comprometido, según los medios, entre 150 y 200 hombres para estas operaciones, tiene, en apariencia, problemas de financiamiento para el despliegue correspondiente a pesar de que la ONU retribuirá lo que se gaste. La ausencia de equilibrio estratégico expresado en ausencia de financiamiento para una misión de paz tiende en este caso a generar incertidumbre y, por tanto, desconfianza en los participantes.

Como se ve, tanto en la relación con los vecinos como en el ámbito hemisférico, la confianza en el ámbito de la seguridad cuesta. Sufragarla será siempre mejor que perderla.

El Editor (ADC)