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¿DE LA INGOBERNABILIDAD A LA INVIABILIDAD?
Frente a la peligrosa convergencia de pérdida de credibilidad
de las instituciones públicas, erosión de la base
de poder del gobierno e incremento sustantivo de protestas sociales
en un contexto internacional económicamente promisorio pero
incierto en términos de seguridad, cabe preguntarse qué
sostiene al gobierno y cuáles son las fuerzas que quisieran
darle el empujón final.
Si la respuesta a la primera pregunta es la inercia -es decir,
que la economía en moderada expansión tiene suficiente
poder cohesivo o que la ilegitimidad de los golpes de Estado hacen
inviable un cambio de gobierno anticipado- se estaría sobrestimando
tanto el arraigo del respeto a las reglas del juego por una ciudadanía
insatisfecha como la filiación popular a un "gobierno
mínimo".
Lamentablemente, ésta parece ser la resignada -y, paradójicamente,
optimista- conclusión de no pocos observadores. Ella acarrea
dos implicancias venenosas. Primero, que dada la maleabilidad del
contexto, éste puede soportar cualquier embate adicional
sin quebrarlo. Segundo, que el Perú puede darse el lujo de
la imprevisión en un ámbito en que la rapidez de la
erosión de los términos de gobernabilidad pueden llevar,
no en el largo plazo, a la inviabilidad.
Ésta es la dinámica negativa que está logrando
superar Colombia y también es la que consume a Bolivia. En
ambos casos hubo imprevisión en el tránsito de una
fase a otra (en el caso colombiano, el presidente Pastrana pensó
que podía interactuar cívicamente y en el corto plazo
con fuerzas corruptas, de tradición violenta y longevas;
en el segundo el presidente Sánchez de Lozada -y el embajador
norteamericano en La Paz- subestimaron la fuerza de los movimiento
cocalero e indigenista y la efervescencia nacionalista a la que
condujo la política boliviana sobre el manejo del gas aun
cuando la economía crecía).
A pesar de que el Perú no ha iniciado ese tránsito,
la crisis de gobernabilidad y las fuerzas que desata pueden terminar
retroalimentándose y, en algún momento poner en cuestión
la viabilidad del Estado. De esto tuvimos ya experiencia afines
de los 80 y principios de los 90.
Es verdad que hoy no hay hiperinflación económica
pero sí hay una sobrecarga de expectativas sociales insatisfechas.
Y también es verdad que no tenemos terrorismo capaz de jaquear
al Estado, pero la protesta violenta ya empezó a mostrarse
en un contexto internacional que el impacto cotidiano de la imagen
de la guerra asimétrica y de la demencia terrorista alimentan.
Puede ser que las causas mayores de la ingobernabilidad se encuentren
dentro del Estado. Pero hoy ésta es estimulada por dos fuerzas
potencialmente poderosas que se inscriben en los escenarios boliviano
y colombiano con implante en el Perú. En el primer caso,
el levantamiento de Ilave tiene una ostensible influencia logística
y organizativa del "movimiento aymara" que lidera el escionista
Felipe Quispe desde Bolivia. Éste personaje, a través
del canal N, ha justificado el asesinato del alcalde de Ilave al
tiempo que hacía la apología de los patrones de comportamiento
de ese movimiento racista. Bajo las mismas consignas, Quispe y el
"cocalero" Evo Morales llevaron a la renuncia de Sánchez
de Lozada mientras el primero ponía plazo al gobierno del
presidente Mesa. Esas fuerzas están activas en el Perú
cobijadas bajo demandas sociales legítimas.
En el segundo caso, el vínculo del movimiento cocalero con
el narcotráfico está dado hoy por la extraordinaria
cantidad de sembríos de coca ilegal (sólo el 13% es
legal según DEVIDA que cita al INEI) que los líderes
"gremiales" pretenden legalizar mientras neutralizan al
Estado. Pero el vínculo puede reforzarse mañana cuando
la operación Patriota que despliega la fuerza armada colombiana
con 17000 hombres en el sur de ese país. Si como resultado
de esa necesaria y legal operación, las fuerzas de las FARC
se trasladan a territorio peruana ya no de manera "circunstancial",
la atracción de las 35000 has. de coca constituirá
un factor sedimentador de su presencia.
Frente a la presencia de las "nuevas amenazas" en las
ciudades de nuestro país, la alternativa de la inercia para
llegar al 2006 es la receta perfecta para iniciar el tránsito
de la ingobernabilidad a la inviabilidad. El gobierno y la, oposición
deben reaccionar frente a estas amenazas con toda la autoridad del
poder democrático.
El Editor (ADC)
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