INGOBERNABILIDAD Y NUEVAS AMENAZAS

Dependiendo de cierta predisposición optimista (fuertemente condicionada por nuestra capacidad negociadora), debemos concluir que los países andinos han recibido buenas noticias: todos, iniciarán negociaciones de un tratado de libre comercio con Estados Unidos y con la Unión Europea (salvo Venezuela, en el primer caso). Ello nos permitirá un acceso ya no vocacional sino práctico e institucional a Occidente en pleno proceso expansivo.

Pero así como los escasos resultados redistributivos de la buena performance económica no permiten demasiados entusiasmos, las buenas perspectivas de esas negociaciones coincide con una coyuntura de deterioro general de la gobernabilidad en la región con serios indicios de inviabilidad en ciertos países. Estos deméritos están siendo estimulados adicionalmente por la extensión de dos fuentes de desestabilización regional: el escenario colombiano, que quisiera expandirse a Venezuela y Perú, y el escenario boliviano que influye directamente en el sur de nuestro país. Como factores catalizadores internos el Perú alberga dos movimientos especialmente riesgosos: el movimiento "cocalero" y el alzamiento de Ilave que pretende cobijarse bajo el manto "étnico" del "movimiento aymara".

La más reciente e innovadora evidencia de la expansión del conflicto colombiano es la captura, en Venezuela, de fuerzas paramilitares colombianas supuestamente entrenadas para apurar el derrocamiento del presidente Chávez. Los medios atribuyen el comando de estas fuerzas a un ignoto personaje cubano-venezolano con vínculos en Miami. Puede ser. Pero la propuesta que no se comenta -la de que estas fuerzas pudieran estar relacionadas con las AUC colombianas seriamente comprometidas en el conflicto interno de ese país y cuyo status hoy es indefinible- parece más viable. Si ello fuera cierto en tanto es probable, el antiguo vínculo del señor Chávez con el ELN y las FARC del que el Presidente ha querido desprenderse, estaría siendo escalado, en territorio venezolano, por las fuerzas contrarias de los violentísimos paramilitares colombianos. El resultado ya está a la vista: el presidente Chávez ha denunciado la conspiración y, habiéndola develado, estará dispuesto a responder de alguna manera.

Una proyección adicional del conflicto colombiano se origina en la fuerte ofensiva de la fuerza armada de ese país contra los terroristas en el sur de Colombia. Las operación Patriota, que involucra según los medios a 17000 hombres, presionará muy intensamente a los insurrectos. Teniendo en cuenta que, según el gobierno del Perú, las fuerzas de las FARC no transgreden "sistemáticamente" la frontera con el Perú, se colige que sí emplean territorio peruano por razones "circunstanciales". Bajo la presión, necesaria y legal, de la fuerza armada colombiana, la transgresión ya producida puede volverse esta vez permanente. Especialmente si los focos de atracción están en los 35,000 has. de cocales en el Perú.

En el sur del Perú, de otro lado, es cada vez más evidente que el alzamiento de Ilave no es espontáneo ni está dirigido sólo contra la autoridad municipal ni está influenciado sólo por quienes controlan el contrabando en la zona, de lo que ya dimos cuenta en este medio. Éste tiene un componente pretendidamente "etnico" en tanto los sublevados son dirigidos y organizados por agentes del "movimiento aymara". La presencia de ese movimiento liderado por el extraordinariamente irresponsable dirigente boliviano Felipe Quispe aparece cada vez más visible en la zona en términos logísticos y organizacionales. Es más, el señor Quispe, entrevistado por el Canal N, no ha tenido ningún empacho en justificar públicamente el asesinato del alcalde de Ilave. Si se tiene en cuenta que el señor Quispe, como el "cocalero" Evo Morales lideraron el movimiento que obligó a renunciar al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, podemos tener una medida de su peligrosa influencia que haríamos muy mal en desatender.

Considerando el rápido deterioro de los términos de gobernabilidad en el país -resumidos últimamente en la forzada renuncia del ministro Rospigliosi-, el vínculo de los "cocaleros" con la realidad del narcotráfico y la presencia de movimientos "etnicos" de antecedentes insurreccionales y orientación escicionista que acechan en las calles al gobierno, harían muy bien Legislativo y Ejecutivo en cerrar filas. No es alarmista concluir que la democracia en el Perú está hoy en peligro y que al deterioro de las instituciones se suma ahora la presencia física de las denominadas "nuevas amenazas" en nuestras propias narices. Ese riesgo debe ser contenido mediante el ejercicio legítimo de la autoridad democrática.

El Editor (ADC)