"Huelga" cocalera

Una organización política que dice representar a "campesinos y agricultores" de "cuencas cocaleras" ha declarado una "huelga nacional" que incluye interrupción de caminos, "marchas de sacrificio" y planteamientos adicionales que atentan contra la seguridad nacional.
Efectivamente, esa organización no sólo parece atribuir a nuestra cuenca amazónica la calidad natural de "cuenca cocalera", pervirtiendo un espacio vital del territorio nacional, sino que pretende alterar el reconocimiento del habitante de la zona confundiendo al agricultor con el sembrador de coca legal y a éste con el cocalero incorporado a la cadena del narcotráfico.

Bajo estas premisas, que alteran inaceptablemente la percepción del escenario, del campesino y del agente de una actividad delictiva de carácter trasnacional, dicha organización no sólo plantea lo irrealizable sino que hasta ha concitado el apoyo expreso de un reconocido líder de Sendero Luminoso (el "camarada Artemio"). Y poco preocupada, además, por un contexto internacional en el que el narcoterrorismo convoca la más alta alerta de seguridad global, esa organización pretende que la sociedad y el Estado le reconozcan representatividad cuando aquélla plantea nada menos que la neutralización de los mecanismos estatales para el combate del narcotráfico.

En efecto, su "pliego de reclamos" público subordina los requerimientos económicos atendibles a la desactivación de las instituciones que lidian con la amenaza de la droga ilegal (DEVIDA), la cancelación de uno de sus herramientas fundamentales (la erradicación de la coca ilegal que complementa a la sustitución de cultivos y el desarrollo alternativo), la extracción de la organización comercializadora de la coca (ENACO) del control del gobierno central y la liberación de un líder grupal acusado de delitos mayores. Éstas no son reivindicaciones que conduzcan a un diálogo que orienten una mejor cooperación del Estado para impulsar el desarrollo alternativo o incentivar, con mejores precios, la compra de la hoja o la provisión de nuevos cultivos. Tampoco son reclamos en búsqueda de "respeto" como, honorablemente quisieran hacer aparecer algunos intermediarios.

En realidad son desafíos a la sociedad perfectamente organizados (por ejemplo en limeños cónclaves "académicos" de febrero pasado) orientados a la confrontación. De esa contienda, quizás dichas organizaciones no sólo deseen extraer ganancias de "legitimidad" (entendida como aceptación popular) sino proyectarse políticamente mientras buscan una figura equivalente al señor Evo Morales en Bolivia. Es decir, quizás busquen una emergencia social organizada que, aprovechando la grave brecha de gobernabilidad que vive el país -como otros de la región-, confronte al gobierno legítimo con el propósito de convertirse en base o alternativa de poder como ha ocurrido con nuestro vecino altiplánico.

Si ello ocurre, los límites entre la actividad legal e ilegal se habrán borrado en el país y nos incorporaremos más activamente aún a la convivencia incuestionada con el narcotráfico, como ha ocurrido en Colombia por tantos años con los resultados conocidos. Si ello va acompañado de la denotación de un socio ­como Estados Unidos­ oponiéndolo a un organismo multilateral ­como el PNUFID (el programa de la ONU que lidia con el problema de la droga)­ mejor para ellos que querrán ganar el consecuente reconocimiento político de esa entidad e incorporar la agenda de legitimación de la coca ilegal a la agenda del organismo mundial.

No de otra manera se entiende que esa organización emplee estadística de la ONU para contraponerla a la del Estado no para buscar la cifra correcta sino quizás para incrementar en la percepción colectiva la tolerancia a una mayor cantidad de coca "legal" y minimizar, por tanto, la disposición a reducir la oferta (el Estado dice que 9 de cada 10 hojas va al narcotráfico mientras la organización sostiene que se trata sólo del 50%).

Al respecto diremos que si el INEI o los organismos de los ministerios del Interior y de Agricultura tienen la respuesta sobre la oferta y la demanda locales, deben publicarla ya para señalar la magnitud del problema y restar piso al desafío frontal que plantea la organización cocalera.

De otro lado, si los integrantes de esa organización desean, en efecto, solucionar problemas específicos de sustitución de cultivos, mercado, precios y erradicación pues DEVIDA debe conversar con ellos con esos objetivos específicos y lograr resultados en el corto plazo. En el proceso los interlocutores deben comprometer un verificable deslinde con el narcotráfico.

Si no fuera así, el Estado no puede aceptar propuesta alguna orientada a un mayor debilitamiento de su capacidad de mantener el orden interno en un contexto en el que el narcoterrorismo constituye, como nunca, una amenaza de seguridad real y presente.

El Editor (ADC)